Redacción
Juan Sebastián Sosa
Tras más de diez horas de lectura del fallo, la jueza Sandra Liliana Heredia halló culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. En cambio, fue absuelto del delito de soborno simple. La decisión marcó un hito judicial: nunca un expresidente colombiano había sido condenado penalmente.
La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá fundamentó su decisión en pruebas que demuestran que Uribe, por medio de terceros, buscó manipular testigos. El proceso se remonta a 2012 y ha durado más de una década, convirtiéndose en uno de los casos judiciales más seguidos del país.
Sin embargo, este fallo no es definitivo. Se trata de una sentencia en primera instancia, lo que significa que aún puede ser apelada y revisada por otras instancias judiciales, por lo que aún faltan años para conocer la decisión definitiva. La defensa de Uribe ha insistido en que el expresidente sigue gozando de su presunción de inocencia.
Así lo explicó el exviceministro de Justicia, Rafael Nieto, en diálogo con NTN24: “Hasta que no haya una condena en firme no se puede predicar responsabilidad definitiva por parte de la persona que está siendo sentenciada, en este caso Álvaro Uribe Vélez (...) Y hasta que no se surtan todas las instancias y no se resuelve la última, no hay una condena en firme”.
La próxima etapa clave será la audiencia de lectura formal de la sentencia, programada para el próximo viernes 1 de agosto. Ese día, la jueza entregará el texto completo del fallo, que supera las mil páginas, y se tasará oficialmente la pena. Con ello, se habilita legalmente a la defensa de Uribe para la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, segunda instancia del proceso.
El Tribunal Superior de Bogotá revisará el fallo antes del 16 de octubre
Una vez se conozca la sentencia en su totalidad, la defensa del expresidente Álvaro Uribe contará con cinco días hábiles para presentar la apelación. En paralelo, tanto la Fiscalía como las víctimas tendrán ese mismo plazo para argumentar su posición.
El caso será trasladado al Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá hasta el 16 de octubre para emitir un fallo en segunda instancia. Esa fecha es crucial, ya que es cuando prescribiría el proceso judicial. Según expertos citados por El Tiempo, el plazo es suficiente para evitar que eso ocurra.
En esta etapa, los magistrados del Tribunal se centrarán exclusivamente en revisar lo dicho y decidido por la jueza Heredia en la audiencia de sentido del fallo. No se abrirá una nueva investigación ni se presentarán pruebas distintas.
Se espera que esta revisión tome pocas semanas. De mantenerse la condena, las partes aún podrían acudir a un tercer recurso: la casación, que se presenta ante la Corte Suprema de Justicia, instancia donde se inició originalmente el proceso.
En cualquier escenario, la defensa ha sido clara en afirmar que Uribe permanecerá en libertad mientras avanza el proceso, debido a la naturaleza del delito y al subrogado de detención domiciliaria que podría aplicarse eventualmente.
“No hay motivo o razón para la privación de la libertad. De manera que cárcel no va a haber y privación de la libertad no debería haber tampoco, aunque fuera domiciliaria, sino hasta que haya una sentencia en firme, suponiendo que esa sentencia, no lo sabemos, en mi opinión no debería ser, ratificara la condena que hace en primera instancia la jueza Heredia contra el presidente Uribe”, consideró Rafael Nieto.
Casación y posible llegada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Si alguna de las partes presenta el recurso de casación y la Corte Suprema lo admite, este tribunal tendrá hasta cinco años para emitir un fallo definitivo. Sería la última instancia nacional y la más compleja en términos jurídicos.
El recurso de casación se limita a revisar errores en la aplicación del derecho y no reabre los hechos. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema decidiría si confirma, modifica o revoca la decisión del Tribunal Superior.
De no estar conforme con el resultado, la defensa del expresidente Uribe también tiene la posibilidad de acudir a instancias internacionales. Según Rafael Nieto, existe la opción de llevar el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Esto solo sería posible una vez se agoten todos los recursos internos en Colombia. En ese momento, Uribe podría alegar una presunta vulneración de derechos procesales o garantías fundamentales ante organismos como la Comisión Interamericana o la Corte IDH.
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