Redacción
Angélica González
La tensión en el Gobierno tomó un nuevo giro luego de que Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y gerente encargada del Fondo Adaptación, denunciara supuestas irregularidades en esa entidad.
En una conferencia realizada en Casa de Nariño, Rodríguez señaló directamente a Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y exdirector del Fondo, por decisiones administrativas y contratos sin ejecución que, según su informe, generan “una falta de transparencia” en proyectos clave.
Las acusaciones: contratos sin ejecución y un arrendamiento elevado
Rodríguez afirmó que la sede administrativa del Fondo fue trasladada del centro de Bogotá a un edificio sobre la Avenida El Dorado, lo que habría duplicado el costo del arriendo mensual, pasando de 95 a 214 millones de pesos.
También cuestionó cuatro contratos asociados a inversiones en La Mojana, una región históricamente afectada por inundaciones. Según la directora, los contratos La Ruta del Arroz, Investigación Hidrodinámica, Senderos para la paz y MojanIA, que suman más de 132.000 millones de pesos, presentan un 0 % de ejecución presupuestal. Para Rodríguez, esto representa “una vergüenza” y evidencia un estancamiento en proyectos decisivos para comunidades vulnerables.
Un Fondo atravesado por intereses políticos
Las acusaciones se dan en un contexto donde el Fondo Adaptación ha sido señalado como un “fortín burocrático” ligado a Armando Benedetti, ministro del Interior, y a políticos de los partidos La U y ASI, según revelaciones de La Silla Vacía y El Espectador.
Fuentes consultadas por esos medios afirman que Rodríguez ha sido funcional en los nombramientos y movimientos de hojas de vida dentro del Ejecutivo, mientras que Benedetti ha defendido su permanencia pese a que el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia.
La respuesta de Carrillo: “Esto tiene un trasfondo político”
Desde el volcán Puracé, donde atendía emergencias por actividad volcánica, Carrillo respondió a los señalamientos en entrevista con W Radio.
El director desestimó las acusaciones, asegurando que responden a un pulso político: “En la política uno tiene rivales y enemigos; yo tengo la conciencia tranquila”. Añadió que no caerá en confrontaciones personales y que su labor en el Fondo se centró en cumplir las órdenes presidenciales, incluida la fusión entre la Ungrd y el Fondo Adaptación.
Carrillo admitió errores, como haber mantenido en sus cargos a subgerentes que, según él, buscaban permanecer en la entidad por intereses personales. También recordó que alertó sobre un contrato de 56 mil millones de pesos relacionado con un estudio hidrodinámico en La Mojana, el cual fue declarado desierto por irregularidades detectadas.
Un choque que revela un problema mayor
Carrillo insistió en que el Fondo fue “tomado como fortín burocrático” por sectores políticos y que su salida, si el presidente la ordena, podría abrir la puerta a los mismos grupos que “ya se robaron la Ungrd”.
Sobre las acusaciones específicas, señaló que su gestión está documentada en un informe de 400 páginas, mientras que Rodríguez sustenta sus denuncias en un documento de apenas tres páginas, sin firmas, que —según él— proviene de personal alineado con intereses políticos.
En X, Carrillo se pronunció al respecto y afirmó que: "Los contratos que hoy menciona Angie Rodríguez como la gran revelación fueron advertidos por mí y están en conocimiento de los organismos de control".
"Lamento que estas intrigas palaciegas trasciendan de esta forma a la opinión, desgastan al gobierno y me hacen perder tiempo valioso en momentos en que la misionalidad de la entidad demanda de mi atención", agregó.
¿Qué está en juego?
El enfrentamiento entre Rodríguez y Carrillo deja al descubierto tensiones dentro del Gobierno y plantea dudas sobre la transparencia y eficiencia de una entidad que administra más de un billón de pesos en proyectos fundamentales para la mitigación del riesgo climático en Colombia.
Mientras La Mojana sigue esperando avances en obras que podrían transformar la vida de miles de familias afectadas por inundaciones históricas, el debate político amenaza con seguir eclipsando las soluciones técnicas.
La crisis, lejos de resolverse, abre interrogantes sobre el futuro del Fondo Adaptación y sobre la capacidad del Gobierno para garantizar que recursos estratégicos se usen de manera efectiva y sin interferencias burocráticas.
Comparte en:
