El próximo gobierno de Colombia ya comenzó a diseñar el Plan Patriota 2.0 , una nueva estrategia de defensa y seguridad que busca reforzar la alianza con Estados Unidos y enfrentar a los carteles del narcotráfico, las economías ilícitas y otras amenazas transnacionales. La hoja de ruta surge tras reuniones en Washington entre el ministro de Defensa designado, general (r) Jorge Eduardo Mora, y el subsecretario adjunto de defensa de EE.UU. UU. para el Hemisferio Occidental, Joseph Humire.

Qué es el Plan Patriota 2.0

El Plan Patriota 2.0 se presenta como una actualización de la política de seguridad nacional con énfasis en cooperación internacional, movilidad aerotransportada, inteligencia técnica y control territorial. Según sus promotores, la estrategia busca llevar la relación con Estados Unidos a “nuevos niveles” bajo el liderazgo del presidente electo Abelardo de la Espriella.

A diferencia de los aviones anteriores, este enfoque no se centraría solo en el combate armado, sino en una combinación de capacidades militares, policiales, financieras y de ciberdefensa. El objetivo es atacar las estructuras criminales desde sus finanzas, su logística y sus corredores estratégicos.

Los pilares de la estrategia

El general (r) Jorge Eduardo Mora ha señalado que el plan busca “recuperar, modernizar y fortalecer las capacidades estratégicas” deterioradas en los últimos años. Entre los elementos prioritarios están:

• Mantenimiento de la flota de helicópteros Black Hawk.
• Programas de protección contra drones.
• Creación de un centro regional de entrenamiento contra el narcotráfico y amenazas transnacionales.
• Reforzamiento de la inteligencia técnica y la movilidad aerotransportada.

La idea es que la Fuerza Pública recupere capacidad operativa en zonas donde hoy tienen ventaja los grupos armados ilegales.

Similitudes con el Plan Colombia

Para el general (r) Guillermo León, presidente de Acore, el Plan Patriota 2.0 tiene similitudes conceptuales con el Plan Colombia, ejecutado entre 2000 y 2015, aunque con un contexto distinto. Mientras el primero buscaba recuperar la iniciativa frente a las FARC, esta nueva versión apunta a desarticular economías ilícitas asociadas a la minería ilegal y al tráfico de drogas.

León también considera clave recuperar mecanismos como el Plan Zeus y los protocolos de interdicción aérea, herramientas que, según él, se vieron afectadas recientemente. Para el oficial en retiro, el éxito de la estrategia dependerá de recomponer la coordinación entre fuerzas militares, Policía y agencias de inteligencia.

Zonas prioritarias de intervención

El plan identifica varias regiones del país como puntos críticos para la acción militar y policial. Entre ellas se destacan:

• Suroccidente: Cauca, Nariño y Putumayo.
• Noreste antioqueño.
• Sur de Bolívar.
• Catatumbo.
• Guaviare, Meta y Caquetá.

Además del control territorial, Acore insiste en que la estrategia debe ir acompañada de vigilancia de fronteras e inteligencia financiera para cortar los flujos de dinero que sostienen a las organizaciones criminales.

El respaldo de Estados Unidos

Desde Washington, el exembajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, calificó el giro como “muy positivo”. A su juicio, Colombia necesita ayuda urgente por la degradación que habría sufrido su inteligencia y su liderazgo militar en los últimos años.

Whitaker aclaró que la soberanía nacional no está en riesgo y que no sería necesaria la presencia de tropas estadounidenses. “Lo que necesitan es ayuda técnica y financiera”, explicó, al destacar la calidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Colombia.

El respaldo de la administración Trump al nuevo gobierno colombiano también aparece como un factor que podría facilitar la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa.

Advertencia de Human Rights Watch

En medio de ese giro hacia una cooperación más estrecha con Estados Unidos, Human Rights Watch (HRW) advirtió que los abusos documentados durante operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador no deberían repetirse en Colombia si el próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella decide ampliar la cooperación bilateral en seguridad.

La organización señaló que cualquier fortalecimiento de esa relación debe estar acompañado de reglas claras, mecanismos de supervisión y garantías que aseguren el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional.

La advertencia fue formulada por Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, durante la presentación en Washington del informe Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador . En ese documento, la organización expone casos ocurridos entre enero y marzo de 2026 en los que asegura haber encontrado indicios de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ataques contra civiles durante operaciones relacionadas con la cooperación entre ambos países.

Goebertus sostuvo que toda colaboración en materia de seguridad tiene que basarse en reglas claras y que esos acuerdos deben fortalecer la administración de justicia, la investigación forense y la persecución penal, además de incorporar salvaguardas que, según indicó, han estado ausentes en algunos modelos recientes de cooperación.

También advirtió sobre el riesgo de que personas señaladas de pertenecer a organizaciones dedicadas al narcotráfico sean tratadas como combatientes de guerra y no como sospechosos que deben ser capturados, investigados y procesados ​​por la justicia ordinaria.

Según explicó, ese enfoque puede abrir la puerta al empleo de bombardeos, ataques con drones u otras herramientas militares contra personas que no participan en un conflicto armado, lo que podría representar una violación del derecho internacional.

Además, señaló que los gobiernos latinoamericanos que suministran información utilizada posteriormente en operaciones ilegales podrían asumir responsabilidades internacionales por esos hechos. “Cualquier país latinoamericano que entregue información de inteligencia es coparticipe y podría enfrentar acciones internacionales por su responsabilidad en la comisión de crímenes internacionales”, afirmó.

Amenazas extrahemisféricas y ciberdefensa

Otro componente del Plan Patriota 2.0 es la atención a amenazas extrahemisféricas, con menciones específicas a la influencia de países como Rusia e Irán en la región. A esto se suma un refuerzo de la ciberdefensa, en medio de un escenario donde las operaciones criminales también se mueven en el terreno digital.

Whitaker, sin embargo, considera que la prioridad deben seguir siendo las amenazas internas, como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las antiguas FARC, que siguen representando un desafío complejo para el Estado.

Cooperación internacional y nueva etapa

Con la llegada del 7 de agosto, se espera que los detalles técnicos de esta cooperación internacional se formalicen. El nuevo gobierno buscaría reactivar canales de investigación criminal con organismos como Europol y Ameripol para enfrentar el delito transnacional con mayor eficacia.

En ese contexto, el Plan Patriota 2.0 se perfila como el eje central de la nueva política de defensa nacional, con una apuesta por la coordinación internacional, la recuperación de capacidades y el golpe financiero a las redes criminales.

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