Una grave denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación sacudió esta semana los círculos más cercanos al Gobierno nacional. Angie Rodríguez, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo Adaptación, aseguró haber sido víctima de un entramado de extorsión que involucraría el uso indebido de información reservada obtenida desde dentro de su propio equipo de trabajo.

Según su relato, los hechos comenzaron cuando empezaron a llegar mensajes de contactos desconocidos a través de WhatsApp que afirmaban tener acceso a datos sensibles de su despacho, asuntos que solo podían ser conocidos por quienes tenían acceso directo a su trabajo. 

Esa situación, según la funcionaria, derivó en amenazas directas y en una extorsión que terminó obligándola a pagar dinero por miedo a represalias contra ella y su familia. “No solo hay extorsión, sino amenaza y constreñimiento. He pedido a gritos que me protejan”, afirmó.

En medio de sus denuncias públicas y ante la Fiscalía, Rodríguez entregó nombres concretos. Señaló a un subalterno suyo como el presunto espía dentro de la entidad, y apuntó directamente contra Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como la persona que habría utilizado a ese funcionario para obtener información comprometedora. El escándalo llega en un momento de alta tensión política y en la recta final de la campaña presidencial.

Quién es Miguel Ángel Ospino Romero, el funcionario señalado de espiar a Angie Rodríguez

En declaraciones a medios de comunicación y en la denuncia radicada ante la Fiscalía, Rodríguez identificó a Miguel Ángel Ospino Romero como la persona que supuestamente la estaría espiando. Según su versión, Ospino era un subalterno suyo en el Dapre al que luego se llevó al Fondo Adaptación, y del que ya desconfiaba antes de que estallara el escándalo.

El diario El Tiempo estableció que Ospino Romero tiene 34 años, es oriundo de Barranquilla y que además del Fondo Adaptación, trabajó en por lo menos cuatro entidades más. Llegó al Fondo el 27 de enero con un contrato directo por 36 millones de pesos, con vigencia hasta el 30 de septiembre. 

El objeto del contrato era “prestar servicios de apoyo a la gestión mediante la ejecución de actividades operativas y asistenciales orientadas a apoyar el fortalecimiento, desarrollo, organización y cumplimiento de los procesos de gestión documental del Fondo Adaptación, de conformidad con la normativa vigente y los lineamientos institucionales aplicables”.

Entre la documentación aportada para esa contratación figura que Ospino solo tiene título como bachiller académico de un colegio en Barranquilla, y adjuntó una certificación de noviembre de 2023 en la que constaba que cursaba octavo semestre de derecho en la Universidad Sergio Arboleda. 

Entre enero de 2020 y diciembre de 2023 trabajó como asistente administrativo en la fundación Corcaribe. Además, tuvo un contrato en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca mediante contratación directa, desde mayo hasta noviembre de 2024, por 23 millones de pesos.

Rodríguez explicó que “Carlos Carrillo tiene o tenía un espía al interior de la entidad. Era un funcionario que yo tenía en el Dapre, pero que luego me llevé al Fondo (...) Lo habría utilizado para que me grabara, me tomara fotos y así poder traficar, presuntamente, la información”. Ante esas declaraciones, Carrillo respondió en diálogo con El Tiempo que no conoce al funcionario y que los chats en los que supuestamente aparecen hablando de reuniones son un montaje.

La cadena de extorsión que denunció Angie Rodríguez ante la Fiscalía

Rodríguez relató que todo comenzó cuando “empezaron a llegar contactos de individuos desconocidos que afirmaban, de un lado, poseer información valiosa para mí y, de otro lado, mencionar asuntos que conocía exclusivamente por sus funciones”, lo que encendió sus alarmas. Esa situación, añadió, “más adelante derivó en la extorsión que aquí denuncio”.

Según su versión, un supuesto emisario la contactó para informarle que tenía en su poder un dispositivo electrónico con conversaciones de WhatsApp y documentos oficiales que vincularían a un funcionario del Fondo como topo de sectores de oposición. “Este individuo afirmó poseer un dispositivo electrónico supuestamente perteneciente a un alto funcionario del Fondo Adaptación, en el cual obrarían conversaciones de WhatsApp y documentos oficiales que vincularían a dicho servidor público como 'topo' de sectores políticos de oposición, haciendo mención expresa de los nombres de Carlos Carrillo y el senador Ciro Ramírez”, narró.

El emisario le exigió inicialmente 50 millones de pesos a cambio de no divulgar la información. Luego bajó la cifra a 20 millones, suma que Rodríguez asegura haber terminado pagando. “Bajo el estado de zozobra que esta situación me generaba [...] accedí contra mi voluntad al pago de los veinte millones de pesos”, narró, aclarando que actuó por temor a represalias contra su vida y la de su familia, incluyendo su hijo, sus padres y su círculo cercano.

Pese al pago, las amenazas no cesaron. Desde otra línea celular, un nuevo interlocutor la contactó con advertencias adicionales y amenazó con divulgar información comprometedora a medios de comunicación, “señalando que dicha información ‘la llevaría a la cárcel’”. En ese mismo contacto, le pidieron que obtuviera el dinero usando recursos del Fondo, a lo que Rodríguez respondió que “los recursos públicos son sagrados”.

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