La captura de cinco personas por el crimen de María Camila Potosí representa el avance más importante en la investigación por el asesinato de la joven de 21 años, quien tenía ocho meses de embarazo y fue hallada sin vida en zona rural de Cali. El operativo fue confirmado el jueves 30 de julio por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Las diligencias se realizaron de manera simultánea en Cali y Tuluá, Valle del Cauca. Tras legalizar las capturas, la Fiscalía les imputó los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Un juez ordenó que los cinco permanezcan en prisión mientras avanza el proceso judicial.

¿Por qué quedaron en prisión los cinco capturados?

Las capturas corresponden a Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Todos fueron enviados a un centro carcelario como medida de aseguramiento preventiva.

La Fiscalía sostuvo ante el juez que existen suficientes elementos para vincularlos con el asesinato de María Camila Potosí y con la desaparición de la bebé que esperaba, hechos que ocurrieron en julio en el sector de La Buitrera, en Cali.

Ninguno de los cinco aceptó los cargos formulados durante las audiencias concentradas. Con esa decisión, perdieron la posibilidad de acceder, por ahora, a una rebaja de pena prevista para quienes reconocen su responsabilidad en las primeras etapas del proceso.

Según la investigación, María Camila desapareció el 16 de julio y cuatro días después fue encontrada sin vida cerca del río Meléndez. Días más tarde, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Alahia, la bebé que esperaba la joven.

El expediente de la Fiscalía sostiene que los procesados, presuntamente, secuestraron a la víctima con el propósito de extraerle a la bebé y que, durante ese plan criminal, acabaron con su vida de manera violenta.

¿A qué penas se enfrentan los investigados?

El abogado Francisco Bernate explicó al diario El Tiempo que los procesados enfrentan algunos de los delitos más graves del Código Penal colombiano. “Estamos hablando de los delitos más graves. En caso de no aceptar cargos y ser vencidos en juicio, podrían enfrentar penas de hasta 50 y 60 años de prisión”, señaló.

De acuerdo con la legislación colombiana, la desaparición forzada agravada contempla penas que pueden llegar hasta 45 años de prisión. A esa sanción pueden sumarse incrementos por las demás conductas imputadas, respetando los límites establecidos por el Código Penal.

Bernate precisó que la condena no corresponde a una suma automática de las penas de cada delito. El juez toma como base la conducta con mayor castigo y aumenta la sanción por las demás infracciones, sin superar el máximo permitido por la ley.

Por su parte, el abogado Sergio Clavijo indicó a El Tiempo que, con la información conocida hasta ahora, una eventual condena podría ubicarse alrededor de los 43 años de prisión, aunque aclaró que el resultado dependerá del desarrollo del proceso judicial.

Si finalmente son declarados culpables tras el juicio, las penas podrían superar los 50 años de cárcel y acercarse al máximo legal de 60 años, además de las multas e inhabilidades contempladas por la legislación colombiana.

La Fiscalía reconstruyó cómo habría ocurrido el crimen

Durante las audiencias, la Fiscalía presentó la hipótesis sobre las últimas horas de vida de María Camila Potosí. El dictamen forense estableció que la joven recibió 22 heridas con arma blanca, lo que, según el ente acusador, evidencia la sevicia con la que fue atacada.

La investigación sostiene que Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría ganado la confianza de la víctima tras conocerla en un programa dirigido a madres gestantes y su objetivo habría sido extraerle a la bebé. El 16 de julio la habría recogido en motocicleta para llevarla hasta una vivienda ubicada entre Altos de Polvorines y el corregimiento de La Buitrera.

Según el fiscal del caso, el propósito era “generar confianza a María Camila, haciéndole creer que también estaba embarazada, precisamente, de una niña, para, mediante la modalidad del engaño, transportarla en la motocicleta de placas JFM 91C, hasta el ya indicado inmueble, donde la entretuvo fingiendo la pérdida de las llaves del automotor”.

La Fiscalía asegura que, una vez en ese lugar, la joven fue retenida y posteriormente asesinada por varios hombres que, presuntamente, estarían vinculados con la estructura delincuencial conocida como ‘Los Santa’, señalada por las autoridades de participar en actividades de microtráfico y otros delitos en la comuna 18 de Cali.

Finalmente, el ente investigador sostiene que el objetivo del grupo era extraer a la bebé que esperaba María Camila y que el crimen habría sido acordado por 4 millones de pesos, una hipótesis que hace parte del proceso judicial que continúa en curso.

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