Redacción
Juan Sebastián Sosa
Tras los operativos judiciales que sacudieron a la cadena de ropa interior femenina Lili Pink, una pregunta domina la conversación pública: ¿qué va a pasar con los más de 2.000 empleados de la empresa?
La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad vinculada al Ministerio de Hacienda, emitió un comunicado este miércoles 29 de abril de 2026 en el que explicó cómo asumirá la administración de los bienes incautados y qué medidas tomará para proteger los derechos laborales de los trabajadores.
El escándalo alrededor de Lili Pink creció luego de que la Fiscalía General de la Nación impusiera medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando.
Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos del país. Y ahora, a la gravedad del caso judicial, se suma una denuncia que indigna aún más: según la SAE, los directivos de Lili Pink sabían que venían los allanamientos y dejaron a sus empleados a su suerte.
¿Qué hará la SAE con los locales y activos de Lili Pink?
Una vez la Fiscalía culmine la etapa de incautación, la Sociedad de Activos Especiales tomará las riendas de la operación. Así lo confirmó la entidad en su comunicado del 29 de abril, en el que detalló el proceso que seguirá para administrar los bienes afectados por las medidas cautelares.
Según la SAE: “Una vez la Fiscalía culmine el proceso de incautación, la SAE asumirá la administración de los bienes objeto de las diligencias, conforme a lo establecido en la normativa vigente. El plan de administración que eventualmente se adopte dependerá del diagnóstico integral que realice la entidad sobre el estado financiero, contable, contractual, laboral y la capacidad productiva de la marca, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la operación y la protección del valor de los activos”.
En términos prácticos, eso significa que los establecimientos de Lili Pink seguirán funcionando con normalidad durante este período de transición, mientras la SAE completa su diagnóstico y define el destino final de la marca. La Fiscalía también lo aclaró previamente, al señalar que “las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces de la especialidad”.
Para garantizar transparencia en el proceso, la SAE anunció que solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con el fin de verificar el estado actual de la sociedad. Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, fue enfática al respecto: “Nosotros vamos a solicitar el acompañamiento tanto de la Procuraduría como de la Contraloría para verificar en qué condiciones se encuentra esta sociedad”.
El alcance de la intervención judicial es significativo. La Fiscalía documentó un presunto lavado de activos por 730 mil millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430 mil millones de pesos, decomisos de mercancía por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) avaluados en más de 54 mil millones de pesos, y un posible contrabando que superaría los 75 mil millones de pesos. Con ese tamaño de operación comprometida, el trabajo de la SAE será complejo y de largo aliento.
¿Qué pasará con los más de 2.000 empleados de Lili Pink?
La situación de los trabajadores de Lili Pink es una de las mayores preocupaciones que rodean este caso. La SAE confirmó que ya sostuvo reuniones con delegados del Ministerio de Trabajo para evaluar las condiciones laborales de los empleados y avanzar en acciones concretas que protejan sus derechos.
El comunicado de la entidad fue claro en ese punto: “La SAE ha sostenido reuniones con delegados del Ministerio de Trabajo para evaluar las condiciones laborales en que se encuentran los empleados de la sociedad y avanzar en acciones que contribuyan a la garantía de sus derechos”. Esa coordinación interinstitucional busca evitar que los trabajadores queden desprotegidos en medio del proceso judicial.
Pérez Parra reforzó ese mensaje al hablar públicamente sobre el tema. La presidenta de la SAE señaló que “es una preocupación tanto de MinTrabajo como de esta sociedad, la suerte de las más de 2.000 empleados con los que cuenta esta sociedad”. Con esa declaración, la funcionaria reconoció la urgencia de atender la dimensión humana del caso, más allá de los aspectos judiciales y financieros.
Por ahora, el hecho de que los establecimientos continúen operando con normalidad es una señal positiva para los empleados, ya que garantiza que sus puestos de trabajo se mantienen activos durante la fase de diagnóstico. Sin embargo, el panorama a largo plazo dependerá del resultado del proceso de extinción de dominio y de las decisiones que tome la SAE una vez complete su evaluación integral de la empresa.
La SAE reiteró en su comunicado su compromiso con una administración eficiente, transparente y responsable de los bienes del Estado, “orientada a su uso social y a la generación de valor para el país”. Esa promesa será puesta a prueba en las próximas semanas, cuando la entidad deba tomar decisiones concretas sobre el futuro de una marca que emplea a miles de colombianos.
La denuncia que indigna: directivos de Lili Pink sabían del allanamiento y abandonaron a sus empleados
El aspecto más polémico que reveló la SAE no tiene que ver con cifras ni con procesos judiciales, sino con una conducta que la entidad calificó como un abandono deliberado. Según Pérez Parra, los directivos de Lili Pink tenían conocimiento previo de los operativos y, aun así, no advirtieron ni protegieron a sus trabajadores.
La presidenta de la SAE lo dijo sin rodeos: “Tenemos conocimiento que las directivas de la sociedad Lili Pink supieron de las diligencias que se iban a desarrollar por parte de la Fiscalía y de la Sociedad de Activos Especiales y dejaron abandonadas a su suerte a las empleadas que allí se encontraban”. Esa afirmación encendió las redes sociales y profundizó la indignación pública contra la empresa.
La denuncia plantea una pregunta que aún no tiene respuesta oficial: si los directivos sabían lo que venía, ¿por qué no tomaron medidas para informar o proteger a sus empleados? Esa omisión, de confirmarse, podría tener implicaciones legales adicionales para los responsables de la compañía, más allá de los delitos ya investigados por la Fiscalía.
Para los trabajadores que llegaron a sus puestos sin saber lo que ocurría, la situación fue desconcertante. Encontrarse en medio de un operativo judicial de esa magnitud, sin ninguna información previa por parte de sus empleadores, dejó a miles de personas en una posición de vulnerabilidad que ahora las autoridades buscan atender de forma urgente.
La coordinación entre la SAE, el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría y la Contraloría será determinante para que los empleados de Lili Pink no paguen las consecuencias de una crisis que, según las investigaciones, fue generada por quienes dirigían la empresa. El Estado asumió el control, y con él, la responsabilidad de garantizar que los derechos laborales de esos trabajadores sean respetados.
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