Redacción
Juan Sebastián Sosa
Un grupo de 20 exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, junto a reconocidos juristas y profesores universitarios de Derecho, publicó este miércoles 10 de junio un comunicado en el que cuestiona la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella debido a su nacionalidad estadounidense.
El documento sostiene que el juramento exigido para obtener esa ciudadanía implica compromisos y deberes jurídicos con ese país que serían incompatibles con las obligaciones de un presidente colombiano.
El candidato por el movimiento Defensores de la Patria cuenta con tres nacionalidades: colombiana, italiana y estadounidense. Los firmantes aclaran desde el inicio que la nacionalidad italiana no representa ningún obstáculo jurídico para sus aspiraciones, tal como tampoco lo ha sido para el presidente Gustavo Petro, quien también ostenta esa ciudadanía. El problema, según los exmagistrados, está específicamente en la naturalización estadounidense y en las exigencias que ese proceso conlleva.
¿Por qué el juramento de nacionalidad de Estados Unidos preocupa a los juristas?
El centro del debate está en el contenido del juramento que todo ciudadano debe hacer al naturalizarse en Estados Unidos. Los firmantes del documento lo transcriben textualmente para sustentar su posición: “Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales (...)”.
Para los exmagistrados, ese texto tiene consecuencias jurídicas y éticas de fondo. Al pronunciar ese juramento, De la Espriella habría renunciado formalmente a toda lealtad hacia otros países, incluida Colombia, y adquirido la obligación de apoyar y defender a Estados Unidos contra cualquier actor que ese Estado considere un enemigo, lo que podría incluir eventualmente a Colombia.
Los juristas son explícitos al distinguir entre la doble nacionalidad en general y la estadounidense en particular. “Sin embargo, es posible que la adquisición de una nacionalidad específica genere una incompatibilidad con el cargo de presidente, no por la doble nacionalidad en sí, sino por los eventuales compromisos que pueda implicar esta nueva nacionalidad”, se lee en el documento, en referencia a los conflictos de lealtad nacional que podrían surgir.
El texto también recuerda que el presidente colombiano es el comandante supremo de las Fuerzas Militares, dirige las relaciones internacionales del país y tiene la obligación constitucional de garantizar los derechos de todos los colombianos. Todas esas responsabilidades exigen, según los firmantes, una lealtad exclusiva hacia Colombia que sería incompatible con los compromisos adquiridos al naturalizarse en Estados Unidos.
La conclusión del comunicado es categórica: “La presidencia es entonces un cargo que implica una profunda lealtad y fidelidad hacia Colombia, nuestra Constitución y nuestras leyes, por lo cual no puede ser presidente quien, de manera solemne y con efectos jurídicos, al nacionalizarse estadounidense, ha renunciado en forma absoluta a toda lealtad y fidelidad hacia nuestro país”.
¿Qué dice el constitucionalista Ramiro Bejarano, uno de los firmantes del documento?
En diálogo con Blu Radio, el constitucionalista Ramiro Bejarano, uno de los juristas que suscribió el comunicado, explicó los fundamentos jurídicos de esta posición y reconoció que se trata de una interpretación sin precedentes en la historia política reciente del país.
Bejarano aclaró que el asunto no corresponde a una inhabilidad electoral tradicional ni a un conflicto de intereses convencional, sino a lo que él describe como una incompatibilidad sobreviniente derivada de la naturaleza del juramento estadounidense. “Las obligaciones que adquiere el ciudadano colombiano que se nacionaliza con el país que lo acoge eventualmente pueden reñir con el ejercicio de las funciones que él debe desarrollar como presidente de Colombia”, explicó.
El constitucionalista reconoció que la Constitución establece los requisitos para ser presidente —ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años— y que el texto no contempla la doble nacionalidad como una prohibición. Sin embargo, argumentó que el análisis debe ir más allá del articulado constitucional para examinar las obligaciones jurídicas concretas que surgen de la naturalización estadounidense.
Bejarano también admitió abiertamente la ausencia de norma expresa y de antecedentes en el país: “No hay una norma que diga lo que yo le estoy diciendo. Obviamente, la incompatibilidad surge como consecuencia de las obligaciones que adquiere ese colombiano cuando es nacionalizado americano”, señaló. Precisamente por esa falta de precedentes, el debate se perfila como una discusión jurídica novedosa que podría terminar siendo resuelta por las altas cortes si el escenario llegara a materializarse.
Durante la entrevista, el constitucionalista recordó casos anteriores relacionados con la ciudadanía estadounidense y la función pública en Colombia, como el del excandidato presidencial y exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien en su momento renunció a esa ciudadanía, y el del actual embajador y exministro Luis Gilberto Murillo, quien también la dejó para asumir determinadas responsabilidades públicas.
¿Qué pasaría si De la Espriella gana las elecciones sin renunciar a su ciudadanía estadounidense?
Uno de los escenarios más llamativos que abordó Bejarano en la entrevista con Blu Radio es el de qué ocurriría si De la Espriella resultara elegido presidente sin haber renunciado previamente a su ciudadanía estadounidense. La respuesta del constitucionalista abre la puerta a una controversia judicial de gran envergadura.
“No faltará quien diga que la elección es nula, porque en presencia de esa incompatibilidad no podía ser elegido presidente de la República”, manifestó. Según explicó, una vez declarada la elección presidencial, cualquier demanda de nulidad tendría que tramitarse ante la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de los plazos legales establecidos.
Bejarano también planteó una interrogante que, de llegar a presentarse el caso, tendría que resolver la jurisprudencia: si una eventual renuncia posterior a la ciudadanía estadounidense, es decir, después de haber sido elegido, sería suficiente para corregir o no el supuesto vicio jurídico, o si la incompatibilidad ya estaría consolidada desde el momento de la elección.
Por el momento, ni el candidato ni su campaña se han pronunciado públicamente sobre el comunicado de los exmagistrados. El debate jurídico, sin embargo, ya está instalado en la agenda política del país en plena recta final hacia las elecciones presidenciales, y todo apunta a que las altas cortes podrían tener la última palabra si la situación llega a los estrados judiciales.
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