Redacción
Angélica González
En medio de la polémica instalación del Congreso, el gobierno de Gustavo Petro radicó este lunes 20 de julio una nueva reforma tributaria con la que busca recaudar $21,9 billones en 2027 para cerrar el desequilibrio fiscal.
La iniciativa llega cuando faltan menos de tres semanas para el fin del mandato y después del fracaso de las dos leyes de financiamiento anteriores. De las cuatro propuestas tributarias presentadas para esta administración desde 2022, la única que logró aprobación fue la Ley 2277 de 2022.
¿Por qué el Gobierno insiste en la reforma?
El Ministerio de Hacienda sostiene que más del 90% del presupuesto nacional está comprometido en gastos que la ley no permite recortar, lo que obliga a buscar nuevas fuentes de ingreso.
La meta oficial es que este recaudo adicional equivalga al 1,0% del Producto Interno Bruto en 2027 y que el ingreso permanente suba luego hasta un promedio de 1,5% del PIB. Según las proyecciones oficiales, el equilibrio de las finanzas públicas se alcanzaría en 2028 y el recaudo podría llegar a $37 billones en 2030.
Qué cambia en el IVA
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la ampliación del IVA del 19% a conciertos, eventos y servicios deportivos de esparcimiento, culturales y deportivos en el país.
La propuesta también eleva del 5% al 19% la tarifa general del IVA para los vehículos híbridos y mantiene el IVA del 19% a los juegos de suerte y azar. Además, extiende ese impuesto a los juegos operados por internet durante el desarrollo de actividades digitales.
En el documento, el Gobierno señala que gravar los híbridos con la tarifa general busca una distribución más equitativa de la carga fiscal y apoyar la transición hacia una matriz energética de cero emisiones.
Nuevos tributos a renta y patrimonio
La reforma también apunta a aumentar la progresividad en renta y patrimonio. En ese frente, sube la tarifa marginal máxima del impuesto de renta de personas naturales del 39% al 41% para quienes declaren ingresos líquidos superiores a 31.000 UVT.
Las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas y apuestas pasarían del 20% al 30%, mientras que el articulado elimina varias deducciones al impuesto de renta.
En cuanto al impuesto al patrimonio, el umbral de entrada bajaría de 72.000 UVT a 40.000 UVT, lo que ampliaría el número de contribuyentes de 32.397 a 105.332 con una tarifa del 5%.
También se plantea un impuesto a los dividendos del 30% para sociedades extranjeras sin domicilio principal en Colombia, personas no residentes y sucesiones ilíquidas.
Carga mayor para empresas y sectores extractivos
El texto de la reforma aumenta la carga tributaria sobre empresas, incluido el sector financiero, que enfrentaría una tarifa total del 50%. Además, eleve tributos para compañías petroleras y carboneras.
El proyecto elimina tarifas preferenciales de alquiler para hoteles, parques temáticos, parques de ecoturismo, muelles náuticos y proyectos de megainversión en el territorio nacional.
Impuestos a combustibles, tabaco y vapeadores
Otro bloque del articulado grava externalidades negativas con ajustes fiscales sobre combustibles, emisiones de carbono, licores, tabaco y cigarrillos electrónicos.
En el caso del tabaco, la propuesta fija un componente específico de $11.200 por cada cajetilla de 20 unidades. También determina una tarifa de $891 por gramo de picadura, rapé o chimú, más un componente ad valorem del 10% certificado anual por el Dane.
Para vapeadores y sucedáneos, el proyecto establece un componente de $2.000 por mililitro más 30% ad valorem. Además, incrementa el IVA a la gasolina y al diésel, y fija un impuesto del 1% a la extracción de hidrocarburos y carbón en la primera venta.
Qué dijo la Dian
En entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, el director de la Dian, Carlos Betancourt, explicó las razones del Ejecutivo para presentar el proyecto a pocos días del cambio de mando.
Betancourt aseguró que todo gobierno tiene la responsabilidad fiscal de presentar alternativas para ajustar las finanzas públicas, incluso hasta el último momento. Según dijo, el actual Gobierno ya hizo un recorte superior a los 30 billones de pesos en el gasto público.
El funcionario también afirmó que el 93% del gasto estatal es inflexible y que el 85% de la nómina pública corresponde a personal de la fuerza pública, salud y rama judicial.
Además, señaló que la Constitución permite que el Congreso saliente tramite iniciativas hasta el final de la legislatura y que la propuesta busca abrir la discusión sobre el ajuste fiscal que enfrentará la próxima administración.
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